Solo llevamos un mes de 2024 y al Gobierno rumano se le acumulan las protestas. Y vienen de muchos y variados frentes. Desde que se manifestaron a principios de febrero de 2017, bajo gélidas temperaturas, más de medio millón de ciudadanos contra un decreto que despenalizaba delitos de corrupción —el talón de Aquiles de Rumania— no se había percibido tanta tensión hasta estas últimas semanas en las calles. El nivel de crispación ha generado divergencias en el seno del Gobierno, una coalición de socialistas y liberales, justo en el comienzo de un año electoral maratoniano.
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